domingo, 13 de julio de 2014

PAGAN JUSTOS POR PECADORES

RETÓRICA POLÍTICA

ALBERTO ROCHA VÁZQUEZ

PAGAN JUSTOS POR PECADORES

Mucho se ha hablado en torno al balazo de goma que recibió el menor de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo por parte de elementos de la policía estatal, durante el operativo que se realizó para retirar a los manifestantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quienes bloquearon la autopista a Atlixco para exigir que se regrese el servicio de registro civil a su comunidad.

Pero lo que prácticamente ha pasado desapercibido, es la forma en que los pobladores de varias comunidades del Estado, han sido utilizados como carne de cañón por parte de auténticos vividores de la política, como la diputada Roxana Luna Porquillo.

Habría que hacer referencia, que la “representante popular” ante el Congreso de la Unión, solo ha buscado sacar raja política del tema de los Registros Civiles, alentando a algunos ediles auxiliares a manifestarse para que les sea devuelta la mina de oro, que representa para ellos el cobrar por extender actas de nacimiento o de defunción; cobros que –hay que subrayar- se hacen al libre albedrio de las autoridades auxiliares, pues nadie o casi nadie se sujeta a un tabulador para cobrar lo justo por dicho servicio.

A su vez, los ediles auxiliares han manipulado a los habitantes –mediante verdades a medias- para manifestarse y que así puedan seguir con su jugoso negocio. Pero lo que no han vislumbrado, ya que parece no importarles en lo absoluto, son los peligros a los que exponen a esos habitantes, que en su ignorancia cierran carreteras, violentando el estado de derecho y afectando a miles de personas que nada tienen que ver con sus protestas, a gente que al igual que ellos, tienen la plena libertad de circular por las vías generales de comunicación para llevar a cabo sus actividades.

Lo más grave del caso es, que esos pobladores tengan aún menos grado de conciencia y lleven a sus hijos, esposas y madres, a enfrentar a policías y granaderos que tienen la orden de desalojarlos; y peor aún, que con todo y lo que se ha sabido de la llamada “Ley Bala”, donde saben que los uniformados tienen el permiso de responder a alguna agresión con balas de goma, éstos, agredan con piedras, palos, bombas molotov e incluso gasolina a los elementos policiacos, alentados por un vehículo equipado con equipo de sonido, donde se les daba la orden de parte del edil auxiliar de Chalchihuapan de no dejarse desalojar y de agredir con lo que pudieran para poder mantener cerrada la autopista Puebla-Atlixco.

A ese grado de inconciencia han llegado algunos ediles auxiliares, en su afán de mantener vivo su “negocito”; lo mismo puede decirse de la flamante diputada federal Roxana Luna, quien sin importarle la seguridad de los ciudadanos, se ha abanderado con dichas causas con un solo propósito, el político y el económico.

Por ello ha mediatizado el tema de los registros civiles, para pegarle al gobierno del estado, seguida de algunos medios de comunicación que buscaron el linchamiento –también  mediático- para hacer ver mal ante la opinión pública a las autoridades estatales.

Aquí cabe dejar en claro que no se trata de defender al Gobernador Rafael Moreno Valle, la llamada #Ley Bala puede ser cuestionable y perfectible, pues también quedó de manifiesto que los policías no supieron manejar los balazos de goma, ya que de ser así, no se habría registrado tan fatal accidente. Tampoco –por el lado de los medios de información- se trata de atacar por el simple hecho de no recibir una prebenda económica, sino de la ética y responsabilidad que se tiene como medio de comunicación para no darle juego a los vividores del sistema y que éstos sigan utilizando a la gente para sus intereses particulares.

Los medios de comunicación debemos informar a los ciudadanos a que hagan un acto de conciencia, pues no se vale, que los habitantes de las comunidades queden en medio de la autoridad y de los vivales “políticos”, ya que al final serán esos mismos pobladores los que se exponen y no se lleven ningún beneficio.


Al igual, lo que debe hacer en este caso la Secretaría de Gobernación es realizar una investigación exhaustiva y sancionar al elemento que imprudentemente disparó en contra del menor. E investigar si en realidad Elia Tamayo, la madre del pequeño lesionado, lo traía o llevaba a la escuela, ya que en las imágenes que se manejaron sobre el balazo, se ve al menor sin uniforme, habrá que ver si por ser de escasos recursos no utiliza uniforme y si de verdad su escuela queda al otro lado de la autopista.

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