RETÓRICA POLÍTICA
ALBERTO ROCHA VÁZQUEZ
SIGUE REINANDO LA OPACIDAD EN EL
MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS
De acuerdo a
un reciente informe del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO)
sobre transparencia y rendición de cuentas, lejos de avanzar en materia de
transparencia en el manejo de los recursos públicos, vemos que cada vez son menos
los estados y municipios de México que cumplen con una adecuada rendición de
cuentas.
El problema
de no contar con órganos de fiscalización autónomos, dicho estudio reveló que 24
de las 32 entidades presentan limitaciones para la fiscalización; por lo que en
una escala del 1 al 10, 14 entidades fueron reprobadas y tan sólo 16 si obligan
a sus dependencia encargadas de fiscalizar el erario público a dar a conocer
los resultados.
El mismo
problema se repite en la mayoría de los municipios, donde los Contralores
siempre son puestos o impuestos por los ediles, lo que provoca que a ellos les
deban todo y por ende no puedan sancionar conforme a la ley las irregularidades
que se cometan.
Algo que ha
derivado en que la deuda de estados y municipios haya alcanzado el año pasado
su máximo desde 1994 al llegar a 482 mil 807 millones de pesos, según
información de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), sin
que nadie, absolutamente nadie, sepa a donde quedaron la mayor parte de esos
recursos que fueron solicitados a préstamo, aunado al desconocimiento del
destino de los recursos que reciben de manera religiosa las autoridades.
Es urgente
que los ciudadanos y medios de comunicación exijamos que se erradique por
completo la opacidad con la que se manejan los recursos que son de todos los
ciudadanos, para que no sigan registrándose abusos que han terminado en casos
como el de Coahuila, donde durante
la gestión del priista Humberto Moreira
Valdés (2005-211), dejó una deuda por 34 mil millones de pesos, y
actualmente del gobierno de César Duarte
Jáquez, en el estado de Chihuahua,
quien en 2010 recibió la administración con una deuda de 13 mil millones de
pesos, y ahora, tres años después, es de más del doble, cifra que se estima de
continuar ese ritmo, al finalizar su gestión, en 2016, llegará a 41 mil
millones de pesos.
Y para
comenzar a exigir que se den cuentas claras, sería oportuno que algunos de los
ediles poblanos comiencen a transparentar su gasto público, que actualicen sus
portales de transparencia –quienes estén obligados por ley- y quienes no, por
ética y voluntad política igual, hagan lo propio.
Las preguntas
de algunos municipios apenas comienzan, esperemos que cada una tenga una
respuesta.
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